Aquellos Centros Educativos que cuenten con 50 o más empleados están obligados a implementar las exigencias de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Puede darse el caso que un único centro educativo no alcance este número mínimo, si en cambio conjuntamente con otros centros que formen parte de un mismo grupo provincial, Fundación, etc. sí, entonces estarán también obligados. Por tanto, la implantación del Canal de Denuncia, o Canal Ético, tendrá carácter obligatorio para todo centro educativo, público y privado, con 50 o más empleados. Su implantación, además, tiene que realizarse antes del 1 de diciembre de 2023.